Amigas y amigos, hoy después de escuchar y leer varias opiniones de personajes ligados a la vida pública de nuestro Estado de Colima, sobre la reforma a la Ley Orgánica de la propia Universidad, y la discusión que se da sobre la autonomía de la misma, creo que lo mejor que puede pasar es que, nuestra sociedad, toda en su conjunto se manifieste de manera libre y espontánea, de todos los asuntos inherentes a nuestra Universidad.
Así como la autonomía es una garantía consagrada en el Art. 3 de nuestra Constitución General de la República, así también debe de existir para todos los mexicanos, la garantía de que las Leyes Orgánicas de todas las Universidades del País, estén elaboradas y aprobadas, con todos los principios democráticos y de absoluto respeto a los derechos humanos.
Es decir, no se debe permitir que grupos fácticos controlen y decidan sobre la vida de nuestras universidades, de acuerdo a sus intereses personales y de grupo. Todas absolutamente todas las instituciones académicas, pero sobre todo las que son públicas, deben estar abiertas al dialogo y la participación ciudadana. Ser transparentes y que de manera permanente practiquen la rendición de cuentas.
Que no se confunda la autonomía con la falta de apertura a una vida democrática y de respeto a los derechos humanos, que la comunidad universitaria participe en la elaboración y modernización de las leyes que regulan la vida interna de las universidades, y que se coordine con el Poder Legislativo, quien en éste País hasta el día de hoy es el único ente facultado por nuestra Carta Magna, para elaborar y aprobar Leyes.No solamente necesaria, sino indispensable.
Es verdaderamente aberrante escuchar y leer acerca de la defensa a la autonomía de la Universidad de Colima, la cual según diferentes medios de comunicación y actores políticos, se ve mancillada con la propuesta de reforma a su Ley Orgánica. Señalo esto por qué la vigente hasta el día de hoy, no cumple, con las necesidades actuales de la propia Universidad, pues privilegia sólo los intereses de grupo y no los intereses de la sociedad en general y, tampoco de los integrantes de la comunidad académica.
Y digo aberrante porque, en esa defensa a ultranza que hacen solo se dedican a criticar a quien presentó la iniciativa en el H. Congreso del Estado, y descalifican políticamente a quienes participan en la misma. Yo pienso que no es la forma de avanzar en la solución de una necesidad histórica y una exigencia ciudadana, sino que la Universidad debe aceptar que se requiere una nueva Ley Orgánica, que utilice todos los medios que tenga a su alcance para formular una propuesta que proteja los intereses de la sociedad y garantice la cultura democrática y el respeto de los derechos humanos.
Hoy la sociedad exige Universidades modernas, democráticas y abiertas al diálogo y no acepta que estén controladas por grupos que solo protegen sus intereses.
En cuanto a la gratuidad de la enseñanza se ha venido manejando que es el Estado quien debe garantizarla, y no las Universidades, ésta idea es un juego de palabras que buscan confundir a la sociedad pues, en realidad el Estado (Federación y Estados) con sus aportaciones cumple con ese compromiso.
Vivimos tiempos de cambio y todos debemos poner nuestro esfuerzo para alcanzar los mejores resultados que nos den grandes beneficios.
TRABAJO MATA GRILLA, A CHAMBEAR TODOS.
