Opinión

Juzgar, sí; corrupción e impunidad, no

La columna sabatina de Federico López Ramírez

En México existe una impunidad que ronda entre el 98 y el 99 por ciento. Se dice rápido pero son cifras pavorosas. Esas cifras significan violencia y malestar para los ciudadanos. Significa un estado de derecho muy precario.

Por qué una consulta –se preguntan los conservadores- cuando bastaría con la simple actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) de conformidad a sus atribuciones y punto.

Eso sería normal en un país donde el estado de derecho fuera una realidad, y no nuestro país, donde precisamente el estado de derecho es la excepción y no la constante, la normalidad.

La consulta aspira a ser pedagógica, es decir, enseñarnos los porqués de someter a juicio a los ex presidentes.

Se debe juzgar a los ex presidentes para combatir la impunidad, iniciando por la impunidad protegida celosamente por los beneficiarios de la corrupción, que se amparan en el concepto de gobernabilidad donde el principal responsable está por encima de las leyes que sólo aplican para  los ciudadanos, es decir, se establece una relación de un déspota (el presidente) y sus siervos (los ciudadanos). Es la visión de tener a una persona a salvo de la ley para que éste pueda cometer toda suerte de excesos y abusos precisamente en nombre de la ley. Una visión autoritaria, despótica.

Se debe juzgar a los ex presidentes para promover una discusión, acerca de la corrupción, desde una perspectiva racional. Desde el inicio de los regímenes  neoliberalismo (1982) se han venido internalizando, entre los ciudadanos, sentimientos de rechazo a la corrupción que es necesario darles una perspectiva racional para entender los porqués de la corrupción: por qué se originó, cómo se desarrolló y cómo destruyó las instituciones del Estado. Debatir los orígenes y desarrollo de la corrupción, así como sus alcances, debe verse desde una perspectiva racional, para construir una solución colectiva para que la solución comprometa a toda una sociedad. La corrupción fue promovida por las élites para su beneficio, por tanto, deben de ser las élites políticas y empresariales quienes deben ponerse en el banquillo de los acusados para sanear a todo el cuerpo social.

Un perspectiva social, donde toda la sociedad mexicana participe eliminaría el mito, que la derecha pretende manejar, de persecución política, específicamente dirigida hacia los políticos del PRIAN y sus aliados. No, se trata de juzgar a políticos del PRIAN que abusaron del poder y robaron para su beneficio personal y de grupo. No se trata de fabricar presos políticos. Se trata de apresar a los políticos que delinquieron.

Se debe juzgar a los ex presidentes para promover una forma de participación política que politice a los ciudadanos y hagan suyas las reivindicaciones de transformar al Estado mexicano. La democracia participativa es un modelo que va en contra de dejar los asuntos del gobierno en manos de unos cuantos, que con base en disputas de intereses personales y de grupo deciden la suerte de los recursos económicos  y políticos del país entero.

La derecha dirá que es una cortina de humo, que se están violando los derechos humanos de los ex presidentes, que son necesarias, la corrupción y la impunidad para darle gobernabilidad al país y que éstas son un asunto cultural.

La verdad es que si el presidente actúa contra la corrupción y la impunidad, es malo para ellos, y si no actúa, también, su posición es pueril pues son defensores vergonzantes de la corrupción.

Para ellos, curiosamente, está por encima de los derechos humanos de millones de mexicanos los derechos humanos de un delincuente presidencial. Estamos hablando de juzgarlos no de ejecutarlos sumariamente. Los queremos juzgar civilizadamente y darle su castigo. Que paguen por lo que hicieron. Los culpables deben tener su castigo para acabar con la impunidad, desde arriba.

Carlos Salinas de Gortari, desmanteló y regaló los bienes sociales al sector privado; Ernesto Zedillo, hizo de la enrome deuda inmoral privada en deuda pública y nos condenó a pagar millones de pesos por décadas; Vicente Fox, traicionó a la democracia al instrumentar el llamado “fraude patriótico” en el 2006; Felipe Calderón, inició una guerra absurda que dejó miles de muertos, saqueó los recursos de Pemex por medio de la empresa Etileno XXI y puso en manos de narcotraficantes al Estado mexicano y virtualmente lo convirtió en un narco Estado y; Enrique Peña Nieto, a parte del fraude electoral, dejó en manos de empresas extranjeras la política energética y promovió la corrupción en forma exponencial.

La consulta es una manera civilizada de resolver los altos niveles de corrupción e impunidad que existen en la sociedad mexicana con la participación de los ciudadanos.

La consulta, en sí, es el inicio de un juicio político que la sociedad tiene derecho hacer para evitarnos linchamientos políticos. Somos civilizados y podemos revolver este asunto en paz y sin excesos.

La consulta abona a la pacificación del país que tanto necesitamos.

La consulta es una necesidad política para remontar la corrupción e impunidad. México debe reinventarse. México debe sacar de la precariedad a su estado de derecho.

El dilema es: o corrupción e impunidad o renovación. Cada quien debe en forma informada y, según su conciencia, decidir qué lado está.



Media Lab

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