Opinión

Estación Esperanza: Andrés Manuel y la lucha estratégica contra el outsourcing

Por: Vladimir Parra Barragán

 

“La reforma [laboral impulsada en 2012 por Felipe Calderón y ejecutada por Peña Nieto] buscó en todo momento someter a los trabajadores a la más abyecta explotación y a su división hasta hacer desaparecer sus derechos colectivos.” Arnaldo Córdova

El outsourcing o subcontratación laboral es un síntoma de la neoliberalización del trabajo, pero no es un fenómeno nuevo, viene fraguándose como una práctica reiterada que da cuenta de la transformación de las relaciones laborales globales, desde hace cuando menos 40 años.

Ya desde 1970, cuando se promulgó la Ley Federal del Trabajo (que tenía un claro sentido proteccionista), la clase empresarial buscó “atajos” para reducir y hasta evadir sus obligaciones patronales y fiscales. No obstante, con el paso del tiempo y la acentuación del neoliberalismo, ya no era necesario buscar “atajos” o simular nada: ¿Para qué disimular la existencia de una relación obrero-patronal si se puede mejor legalizar la subcontratación?

Para conocer el origen profundo y la matriz económica e ideológica del outsourcing, es preciso comprender que el trabajo se ha ido reconfigurando radicalmente para adaptarse a las nuevas necesidades de la acumulación y la concentración de capital. Hoy, cuando ya no hay grandes sindicatos que verdaderamente representen los intereses de la clase trabajadora; cuando las huelgas generales son sólo recuerdos del pasado; y cuando la conciencia de clase se va poco a poco diluyendo, es cuando los empresarios tienen el camino libre para desmantelar las viejas conquistas sociales y reconfigurar el derecho del trabajo a imagen y semejanza de su economía neoliberal.

La socióloga Elvira Concheiro, actual Tesorera de la Federación, explica que el sistema económico-político neoliberal necesitaba primero destruir a la fuerza que construyó el keynesianismo y a la fuerza obrera que estuvo exigiendo pleno empleo, condiciones de trabajo dignas, para imponer sus condiciones de trabajo. El capital tuvo la fuerza para imponer este nuevo régimen ante sindicatos desgastados, burocratizados, con líderes charros, o países bajo dictaduras militares.

Por su parte el politólogo e historiador Arnaldo Córdova describe la expansión global del neoliberalismo como fenómeno universal en el que desde hace unos cuarenta años, los gobiernos, atentos a las exigencias de sus clases patronales, se han dedicado a derruir todos los principios protectores del trabajador que habían sido consagrados. Sentencia que “esa tendencia, que en los años setenta se conoció como flexibilización de las relaciones laborales, se ha venido desarrollando con un ímpetu tal que hay lugares en los cuales las antiguas instituciones del derecho del trabajo han dejado de existir.

Calderón y Peña Nieto: Reforma neoliberal a la mexicana

Aunque en nuestro país ya venían dándose desde décadas atrás estas prácticas de flexibilización neoliberal del trabajo, burlando la ley, lo cierto es que el momento cúspide del cinismo de la oligarquía político-empresarial mexicana, se da en 2012, cuando el funesto Felipe Calderón, justo antes de concluir su mandato de sangre, envió al Congreso de la Unión la iniciativa empresarial para deformar y reformar la Ley Federal del Trabajo y de una vez por todas, volver “legal” lo que antes era ilegal. Reforma que fue estrenada, implementada y profundizada por Enrique Peña Nieto.

Algunas de las principales características de la reforma laboral-neoliberal de 2012 fueron la pulverización del contrato de trabajo como relación laboral estable, para dar paso a nuevas formas temporales y precarizadas de trabajo bajo las figuras del contrato de temporada, contrato de capacitación inicial, contrato de prueba, contrato de pago por hora, y contrato de subcontratación [con lo que se afectan gravemente derechos laborales como el aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad, seguridad social, etc.].

Por si fuera poco, la reforma también avaló la perniciosa reducción del pago de salarios caídos hasta por un máximo de un año, de modo que, si un juicio laboral por despido injustificado se prolonga en el tiempo por cuestiones burocráticas o por argucias dilatorias y extenuantes a cargo de la defensa jurídica de la empresa, los efectos negativos de esa demora en el acceso a la justicia, terminarían recayendo sobre las espaldas de las y los trabajadores.

Arnaldo Córdova caracterizó perfectamente aquella brutal embestida contra la clase trabajadora: “es la peor embestida que las clases dominantes han emprendido en contra de nuestras instituciones laborales. El Consejo Coordinador Empresarial negoció esa reforma y fue aceptada en todas sus partes tanto por el gobierno de Calderón, como por el candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto”.

A pesar de lo regresiva de esta reforma en materia de derechos humanos laborales, no hubo, en aquel momento de alineación jurídico-política y económica, juicio alguno en su contra que pudiese prosperar. No hubo, tampoco, grandes movilizaciones que se opusieran y ejercieran presión fáctica y política por parte de trabajadores y sindicatos de trabajadores.

La 4T en contra el outsourcing

En congruencia con la visión política progresista y antineoliberal de la 4ta Transformación, el compañero presidente envío el 12 de noviembre una iniciativa de reforma para la eliminación del outsourcing y su delimitación para casos concretos. Con esta acción, la 4T pone en el centro de su agenda los derechos de los trabajadores y realiza  una propuesta integral de reforma y armonización legislativa a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR y la Ley del IVA.

Su objetivo fundamental es la regulación de tres figuras:

*La subcontratación de personal: Se prohíbe la subcontratación masiva de personal, la simulación de las relaciones laborales, y que las empresas cuenten con personal que desarrolle las funciones esenciales de su empresa, pero contratados por otros.

*Los servicios especializados: Se regula y delimita lo que deberá entenderse por servicios especializados, pudiendo éstos subcontratarse siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa.

*Las agencias de colocación: Las outsourceras podrán seguir participando en procesos de reclutamiento y capacitación de personal, pero no podrán considerarse como patrón ni podrán tampoco contratar en substitución de los patrones.

Se incluyen, además, sanciones tanto administrativas como penales en caso de incumplimiento de estas disposiciones, con el objetivo de disuadir a las empresas que se encuentran cometiendo el delito de defraudación fiscal.

El Presidente demostró que el outsourcing se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal, y sobre todo, que afecta a las y los trabajadores, pues por esta vía, les niegan sus derechos laborales y los despiden masivamente a fin de año, recontratándolos a inicios del año siguiente, para no pagarles ni aguinaldo ni reconocerles antigüedad laboral. También dio cuenta de los despidos masivos que han ocurrido reiteradamente durante la pandemia por Covid-19, de empleados subcontratados que han quedado en la más absoluta indefensión.

Por eso, de manera conjunta, la STPS, la SHCP, el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación, estuvieron llevando a cabo operativos interinstitucionales con intercambio de información estratégica, que evidencían la importancia y urgencia de esta reforma pues permitieron identificar a profundidad cómo operan las factureras con este esquema de subcontratación, el “modus operandi” de este perverso esquema como dieron cuenta la secretaria Luisa María Alcalde y Zoé Robledo, director General del IMSS, alertando sobre que existen empresas que no sólo registran a menos trabajadores de los que en realidad tienen, sino que los registran con un sueldo mucho más bajo del que en realidad perciben, y ésto, constituye tanto una forma de evasión fiscal, como una afectación gravísima a los derechos de los trabajadores. Robledo fue contundente: “el júbilo que tendría que representar el momento de la jubilación para las y los trabajadores, hoy se traduce en angustia, en precariedad.

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS sostuvo que “esos falsos salarios mínimos que se reportan respecto a trabajadores subcontratados no sólo constituyen un atentado contra el futuro del trabajador ante su pensión o retiro, sino que además es un asalto a mano armada a las finanzas de el IMSS y, por lo tanto, a la línea de flotación de la viabilidad del Estado de bienestar, porque esos falsos salarios reciben subsidios del IMSS”.

Pero lo que más preocupa a esa oligarquía empresarial que se ha favorecido por la subcontratación laboral, son las sanciones administrativas e incluso penales previstas para el incumplimiento de la ley, pues contempla el delito de delincuencia organizada por defraudación fiscal. El derecho penal, tan tendiente a la criminalización de la pobreza podría apuntar ahora, en caso de aprobarse la reforma, a las empresas factureras, outsoureras, que defraudan al IMSS, al INFONAVIT y al SAT, y que van en contra de la posibilidad de construir un Estado de bienestar.

Por eso la clase empresarial han tratado de persuadir, chantajear, y tratar de impedir sea aprobada, pese a la firma del “Acuerdo Tripartita entre el Sector Empresarial, el Sector Obrero y el Gobierno de México respecto a la Subcontratación”, que obliga a los empresarios a iniciar de inmediato la regularización laboral de sus trabajadores; y que pospone el esquema de reparto de utilidades y la discusión y en su caso aprobación de la reforma para el mes de febrero del 2021, con carácter de iniciativa preferente.

Por eso es importante que los trabajadores acompañen, se organicen e impulsen la defensa de esta iniciativa contra el outsourcing; que este “periodo de gracia” sea también un plazo para que la clase trabajadora mexicana se organice en la defensa de sus derechos democráticos y laborales, para que se conozca ampliamente en los barrios y centros de trabajo la iniciativa que pretende votarse, para que la socialicemos en nuestras familias y hablemos al respecto, para que la hagamos propia, para que la defendamos, pues defender la iniciativa contra el expolio  a través del outsourcing es finalmente, defender nuestros derechos humanos y exigir un trabajo digno.

Las Cuarta transformación es eso: Ayer, el outsourcing era legal por obra por que así lo quería la mafia neoliberal. Hoy en cambio, estamos cerca de lograr que se convierta en el delito de delincuencia organizada por defraudación fiscal. La Cuarta transformación somos tod@s, hagamos .



Media Lab

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor considere desactivar el bloqueo de anuncios para así ayudarnos a soportar el sitio web.